Según los datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la ciudadanía venezolana ha protagonizado el mayor desplazamiento de personas en la historia reciente de Sudamérica, y se ha dirigido principalmente a otros países de la región. Los números son enormes y nos hablan de 4.769.498 venezolanos en el exterior a 5 de diciembre de 2019.
La respuesta jurídica a esta migración ha ocupado gran parte de la agenda política de la región. Los debates han girado en torno a si debían considerarse refugiados, migrantes económicos que ameritaban permisos temporales de residencia y trabajo —dado la particular y compleja situación humanitaria—, o migrantes en situación irregular que podían ser expulsados. La mayor parte de los países se ha decantado hasta el momento por la segunda opción, si bien empiezan a adoptarse instrumentos que apuntan hacia la tercera, como la introducción del requisito de visado en Chile, Ecuador, Perú, Panamá y República Dominicana. A pesar de la definición ampliada de Cartagena, que expande el concepto de quién puede ser refugiado, y que ha sido implementada en numerosas leyes de asilo en la región, hasta diciembre de 2019 se había observado una clara reticencia a otorgar dicho estatuto. Esta línea se quebró de manera espectacular el 3 de diciembre de 2019, cuando Brasil aprobó con una sola decisión otorgar el estatuto de refugiado a 21.432 ciudadanos venezolanos, lo que duplicaba el número total de otorgaciones en dicho país desde 2000.
Suggested citation: Diego Acosta y Laura Sartoretto, ´¿Migrantes o Refugiados? La Declaración de Cartagena y los Venezolanos en Brasil´, Análisis Carolina, 3 de marzo de 2020, Fundación Carolina.
